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Contrario a lo que el gobierno prometió con la Reforma Energética hoy la gasolina ha registrado aumentos que impactan de manera grave la deteriorada economía de los mexicanos, el combustible actualmente es uno de los más caros del mundo porque se rige bajo la ley de la oferta y la demanda, todo ello como resultado de la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex); en su momento, los legisladores del Partido del Trabajo votaron en contra de dicha reforma previendo esta situación de carestía y afectación para la población. 

Alberto Anaya Gutiérrez, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional,  dijo que las medidas económicas del actual gobierno sólo reflejan el planteamiento neoliberal seguido por décadas de gobiernos priistas y panistas que bajo ninguna circunstancia se han reflejado en bienestar y un mejor nivel de vida para los mexicanos.

“Es necesario que la actual administración cambie su visión en el manejo de la economía, que probado está, es errática, sometida a las políticas neoliberales impuestas por Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial, sacrificando el bienestar del pueblo mexicano”, subrayó.

Al respecto, insistió que la privatización de Petróleos Mexicanos fue un retroceso para el país y puso a México en una situación de desventaja a nivel mundial, ya que la premisa de asociaciones con la iniciativa privada para incrementar la producción de crudo e incorporar reservas, no es factible hasta no sanear a la paraestatal y volverla competitiva a nivel internacional.

Dijo que en este panorama prevalece la visión neoliberal de privatizar a las empresas del Estado, antes que buscar nuevas medidas para fortalecer a Petróleos Mexicanos y convertirla en la empresa del futuro.

Por ello, criticó la entrada al mercado de nuevas firmas expendedoras de gasolina, ya que principalmente se abrió la competencia a empresas extranjeras, cuyo único propósito es incrementar sus ganancias.

Asimismo, precisó que a pesar de que México se ubica entre los grandes exportadores de petróleo, importa 50% del total de la gasolina y diesel que se consume a nivel nacional, porque no tiene la capacidad de refinación para satisfacer la demanda interna y no cuenta con instalaciones para procesar los crudos pesados que se producen.

Al respecto, Anaya Gutiérrez consideró que debe retomarse el planteamiento de construir nuevas refinerías que permitan procesar el petróleo que se extrae y evitar la importación del combustible procesado a un costo elevado; más aún, ahora que se anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento en Cosamaloapan, Veracruz.

En este sentido, según estimaciones del propio gobierno federal en 2017 se habrán importado 616 mil 200 barriles diarios de gasolina y diesel, con un costo que superará los 12 mil 500 millones de dólares.

Recordó que el Partido del Trabajo se opuso en enero de este año al “gasolinazo” y desde entonces ha sido una voz crítica que refleja la irritación social de la ciudadanía; por ello, para hacer frente a la crisis por la que atraviesa el país se requiere de una política que reactive los sectores productivos, invertir en refinerías, equipo técnico, investigación, para disminuir la importación de gasolina, limitar la inversión extranjera en la explotación de nuestros recursos y recuperar la soberanía energética.

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2017.

Ante la aparición de un video en donde el exdirector de Odebrecht México, Luis de Meneses Weyll incrimina y acusa directamente a Emilio Lozoya Austin, ex titular de Pemex, de haber recibido sobornos por 10 millones de dólares de la empresa brasileña  y asegura también que dicho recurso se destinó a la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012, el Partido del Trabajo exige a la Procuraduría General de la República (PGR) que destrabe la investigación y se consigne a los responsables y también tome cartas en el asunto el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sobre el caso en particular, el integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez demandó que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, porque el caso Odebrecht es sólo un reflejo de la corrupción e impunidad que impera en el país.

“Hay que recordar que en el caso de soborno de la empresa Odebrecht se benefició directamente al actual partido político en el poder, por lo que la PGR tendría que investigar para deslindar responsabilidades, y de comprobarse el delito, implicaría la cancelación del registro del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”, dijo.

Anaya Gutiérrez pidió que la Procuraduría General de la República actúe en estricto apego a derecho e investigue las imputaciones que hace el exdirectivo de Odebrecht México, porque de no ser así sería muy grave darle “carpetazo” a un asunto tan trascendente para el país.

Recordó que más de una docena de políticos y funcionarios de diez  países han sido procesados, incluido el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, mientras que en México nadie ha sido castigado e incluso se pretende congelar el caso.

Finalmente, Anaya Gutiérrez insistió en que el caso no quede impune y se investigue hasta las últimas consecuencias, “el Poder Judicial tiene en sus manos la oportunidad de demostrar su independencia e imparcialidad, la ciudadanía lo demanda, de no ser así, quedará como cómplice de la red de corrupción que se tejió durante este gobierno y sentará un mal precedente para lo que se avecina en el 2018, en donde la Presidencia y el futuro del país estarán sobre la mesa”.

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2017.

El Partido del Trabajo hace un llamado a todos los Senadores para que voten en contra de la Ley de Seguridad Interior que se discutirá mañana en la Cámara Alta.

El integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional, Alberto Anaya Gutiérrez precisó que los legisladores del PT la votarán en contra, al considerar que se convierte en un instrumento de represión y control contra la población por parte del Estado, ya que dota a las fuerzas armadas de facultades extra constitucionales para intervenir en asuntos que, a su consideración, representen un riesgo o amenacen  la paz interna.

Por tanto, exhortó a todos los partidos políticos representados en la Cámara de Senadores, que acompañen al Partido del Trabajo en su postura y anulen lo aprobado por los diputados federales la semana pasada, quienes no tomaron en cuenta las voces que alertan sobre el retroceso que significa el uso discrecional de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sin establecer canales de coordinación con los distintos niveles de gobierno.

Manifestó que el Ejército no debe estar en las calles porque su presencia no garantiza la paz y la tranquilidad, y, prueba de ello es la falta de resultados que a lo largo de dos sexenios se ha tenido en materia de seguridad.

Consideró que una decisión de gran trascendencia como esta requiere del análisis y opiniones de expertos, consultar a la sociedad, y  para ello se deberán organizar foros en los que el tema sea abordado amplia y seriamente.

Calificó como grave que las fuerzas armadas suplan el papel que deberían desempeñar las policías civiles en sus tareas de Ministerio Público, investigación, persecución de delitos y detención de personas, porque esta situación provocará violaciones a los Derechos Humanos.

“Demandamos el retiro de las fuerzas armadas de las calles y apegarnos a lo que dicta la Constitución, debemos considerar el respeto a la dignidad humana e implementar una política integral de seguridad y justicia que considere dotar de mayores recursos a las policías civiles”.

En resumen, la Ley de Seguridad Interior valida situaciones que en toda democracia son excepcionales y amplía el margen de maniobra de las fuerzas armadas, en lugar de imponer límites claros sobre su actuación.

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2017.

* Representa un peligro para todos los mexicanos.

El Partido del Trabajo rechaza tajantemente la Ley de Seguridad Interior aprobada por legisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM y Encuentro Social en el pleno de la Cámara de Diputados, ya que contraviene tanto la Constitución como tratados internacionales signados por México puesto que legitima el uso de la fuerza por parte de los elementos castrenses y por ende la violación de derechos humanos.

“Consideramos que avalar esa Ley es abrir la puerta para la instalación de un estado de excepción permanente, ya que deja a criterio de las autoridades intervenir o implementar acciones ‘preventivas’ en un asunto que consideren de riesgo para la seguridad del país, desde una protesta ciudadana hasta lo relacionado con la delincuencia organizada, y aunque dicha ley se modificó para precisar que no podrá aplicarse para manifestaciones no violentas, se deja en manos del Presidente de la República decidir la intervención de los militares ante determinadas situaciones”, precisó el Coordinador Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez.

El Partido del Trabajo se opone a que las fuerzas armadas suplan el papel que deberían desempeñar las policías civiles en sus tareas de Ministerio Público, investigación, persecución de delitos y detención de personas, ello devela el fracaso del gobierno en su estrategia de seguridad y muestra su incapacidad para resolver los problemas de ese ámbito.

En los últimos años se ha  demostrado que el Ejército en las calles no garantiza un combate efectivo de la inseguridad, en varias entidades del país, donde las fuerzas castrenses han realizado esas funciones, se ha constatado que la violencia no disminuye, por el contrario, ha aumentado.

Advertimos sobre el grave error de la aprobación de esa Ley porque fomenta el uso discrecional de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública sin establecer canales de coordinación con los distintos niveles de gobierno.

Es evidente que la verdadera intención de esa Ley es mantener bajo control a una sociedad cada vez más crítica y dispuesta a manifestar su descontento en las calles por las decisiones de los malos gobiernos, es decir, pretenden institucionalizar métodos represivos para acallar la inconformidad y someter a millones de mexicanos.

Ante ello nos pronunciamos por retirar a las fuerzas armadas de las calles, apegarnos a lo que dicta la Carta Magna en la materia, poner en el centro de la discusión el respeto a la dignidad humana e implementar una política integral de seguridad y justicia que incluya destinar mayores recursos para las policías civiles, invertir en su capacitación y dotarlos de las herramientas necesarias para el óptimo desempeño de sus responsabilidades.

Hacemos un llamado a los Senadores de la República para evitar ese grave atropello a  los derechos de los ciudadanos y se instale un régimen autoritario como aquel que nos gobernó durante poco más de 70 años, cometiendo toda clase de atropellos con tal de sostenerse en el poder. Urgimos a los legisladores a analizar con seriedad y responsabilidad una Ley tan importante para la vida de toda la nación.

Ciudad de México a 30 de noviembre de 2017.