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Comunicado

El Partido del Trabajo condena que el gobierno mexicano espíe a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, ya que no sólo transgrede la privacidad de los afectados sino debilita la libertad de expresión y de manifestación, y por lo tanto la vida democrática nacional.

Para el Partido del Trabajo es inaceptable que el gobierno emplee recursos económicos y humanos para vigilar a actores cuya labor es informar a la población, así como defender sus derechos y causas más sentidas.

“El gobierno se equivoca al etiquetar como enemigos del Estado a quienes realizan una labor por el bien de la sociedad, cuando a quienes debería perseguir sin reparo es a los verdaderos criminales que causan tanto daño a la sociedad, desde los delincuentes del fuero común hasta los de cuello blanco y de la delincuencia organizada. Vivimos en un país en donde las leyes se aplican para los críticos del sistema y para los que cometen delitos la ley simplemente es inexistente, no se les aplica”, sentenció el Coordinador Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez.

Explicó que si bien el Estado mexicano, como la mayoría del resto de los países, cuenta con organismos de inteligencia para detectar amenazas y prevenir acciones que atenten contra su estabilidad, en México esta práctica se ha desvirtuado y se ha convertido en una herramienta de persecución y represión contra los opositores al sistema.

Por tanto, Anaya Gutiérrez hace un llamado a los legisladores para que en las leyes sobre la materia se establezca, de manera clara, las funciones y alcances de las actividades del gobierno mexicano en la utilización del espionaje, ello para evitar que se emplee de manera indiscriminada y a criterio de los funcionarios en turno. Asimismo, exhortó al gobierno federal frenar la cacería de la que son objeto los comunicadores y activistas.

*Propuso que Gobierno Mexicano restablezca el Patmir

*Debe México fortalecer banca social, exige

El senador del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya propuso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Gobierno Federal para restablecer el Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales (Patmir) a fin de reactivar la economía de las zonas campesinas e indígenas con mayor pobreza.

Así también planteó la urgencia de poner en marcha políticas públicas dirigidas al fortalecimiento y desarrollo de la banca social; además de emitir una reglamentación específica, adaptada y viable para las sociedades financieras comunitarias y los organismos de integración financiera rural.

Una alianza entre el gobierno y este tipo de instituciones, aseguró, es la demostración de que la banca social puede lograr resultados exitosos, donde la banca comercial y de desarrollo no ha intentado tener presencia, precisó.

En este sentido fundamentó:

“El Patmir logró la inclusión financiera de 1.3 millones de personas marginadas en zonas rurales en tan solo cinco años, gracias a la participación de la banca social; por cierto tan golpeada en la actual administración, cuando hablo de ella me refiero a las cooperativas de ahorro y préstamo, a las sociedades financieras comunitarias y a las sociedades financieras populares”.

“Exhortamos muy firmemente a que recapaciten y restablezcan este programa, además es importante considerarlo en el presupuesto de egresos del próximo año, por lo cual, desde ahorita anunciamos que vamos a luchar en esa ruta”.

El legislador federal oaxaqueño sostuvo que la banca social es fundamental para el desarrollo del campo y puede contribuir a la reducción de la pobreza, sin embargo, lamentó que el gobierno prefiera invertir más en publicidad que en estos programas exitosos en beneficio de quienes menos tienen.

Así lo manifestó en conferencia de medios junto con Isabel Cruz y Martín Salas García, directora y presidente de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (Amucss), respectivamente, así como con César Leyva Camacho, expresidente de la Federación de Cooperativas del Sector Rural con Desempeño Social (Fedrural).

Lo planteado se presentó formalmente en un punto de acuerdo ante el Pleno de la Comisión Permanente, dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi); a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); así como a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); los fideicomisos relacionados y al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).​

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Hacienda colabora con la PGR dando información de esos casos, apunta Meade

La impunidad y la inseguridad han generado hastío y desconfianza entre la población, expresa

Periódico La Jornada
Viernes 9 de junio de 2017, p. 9

‘‘El hecho de que más de una decena de ex gobernadores estén acusados de corrupción, desfalco o lavado de dinero es inaudito, indignante e inadmisible’’, aseveró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, quien enfatizó que casos como éstos no pueden volver a suceder en el país.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, indicó que la dependencia a su cargo colabora con la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de proporcionar información en cualquiera de los casos que actualmente se investigan.

Graue y Meade participaron ayer en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Investigación: impulso al desarrollo de las finanzas estatales, que se efectuó en el Palacio de Minería.

Ahí, el rector indicó que México necesita tener nuevas esperanzas de crecimiento y desarrollo que abatan la desigualdad, y enfatizó que una forma de hacerlo es mediante la transparencia en el uso de los recursos y con un apoyo más decidido a ciencia y educación. La de-sigualdad social, junto con la impunidad y la inseguridad, han generado hastío, desconfianza e insatisfacción en diversos sectores de la sociedad, lamentó.

‘‘El país requiere orden en sus finanzas públicas y honestidad en el manejo de sus recursos, pues la opacidad en el gasto es una afrenta que reclama austeridad’’, dijo.

Graue subrayó que nadie puede gastar permanentemente más de lo que tiene, y si no se invierte en áreas estratégicas, tampoco habrá desarrollo posible para la nación. ‘‘La educación y la investigación son sectores estratégicos que no pueden ser descuidados’’, señaló.

Ambos sectores sufrieron significativos decrementos en su presupuesto de 2017. Para el sistema educativo hubo una disminución de casi 32 mil millones de pesos y para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 7 mil millones, cifras a la baja equivalentes a poco más de 10 y 23.3 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, destacó Graue, la educación es el factor más importante para propiciar la movilidad social hacia los niveles socioeconómicos superiores, pues por cada año de escolaridad las remuneraciones económicas de un individuo pueden incrementarse hasta en 10 por ciento, y en una nación aumenta hasta en 0.37 por ciento su PIB.

Sobre la crítica a la corrupción hecha por el rector de la UNAM, Meade Kuribreña aseveró que el lavado de dinero producto de actividades ilegales ‘‘es un tema que preocupa en términos generales. Hemos sido cuidadosos en acompañar a las autoridades de procuración de justicia de los diferentes niveles y trabajado muy de la mano de la PGR para proveerle la información que requiera en los casos que investiga en materia de inteligencia financiera’’.

El perjuicio provocado por las prácticas de corrupción de algunos ex gobernadores, respondió, es uno directo, relacionado con que el recurso público es desviado y, adicional, la dificultad que implica en términos de planeación y orden cuando los recursos no se aplican a su destino.

*Impulsa Benjamín Robles parlamento abierto en pro de constructores

*Buscan consensuar Ley de Contrataciones de Obra Pública

Las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) podrían en poco tiempo ser partícipes de la reactivación económica del país, siempre y cuando, el Congreso de la Unión apruebe la Ley de Contrataciones de Obra Pública, que busca acabar con la corrupción en este sector, expresó el senador del Partido del Trabajo (PT) Benjamín Robles Montoya.

Tras promover el parlamento abierto para consensuar y nutrir la iniciativa que expide la ley de la que se hace referencia, directivos de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) y de Mipymes, ofrecieron una conferencia de medios con el legislador Robles para hablar sobre las bondades de la misma.

El legislador federal oaxaqueño destacó que esta propuesta de ley busca acabar con los vicios en la contratación de obra pública, en la que solamente se han beneficiado unos cuantos, que al amparo del poder han logrado repartir a ​​diestra y siniestra entre sus allegados.

Por lo que asentó:

“He acompañado al grupo que hoy representa a una gran cantidad de pequeños y medios empresarios de la construcción, en una lucha en la que creo que todos debemos participar: ponerle un alto a la corrupción, ponerle un alto a los moches, ponerle un alto a que de repente eres legislador y constructor al mismo tiempo, o terminas tu tiempo de legislador y te conviertes en constructor”.

“La verdad es que eso habla de una enorme corrupción que es lo que debemos nosotros detener, esos vicios que han perjudicado mucho al mayor número de empresarios de nuestro país y que solamente ha privilegiado a unas cuantas empresas”.

Además, a su consideración, dijo, ha privilegiado ese deshonroso  esquema donde al gobernante en turno, al secretario que tiene que ver con las obras de infraestructura le es muy fácil utilizar los distintos esquemas de contratación para hacerse recursos de manera indebida.

Recordó que la iniciativa que defienden en beneficio de las Mipymes fue presentada por senadores del PAN y del PT (antes del PRD). Dicha propuesta, precisó, se encuentran en estudio de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano Ordenación Territorial; Anticorrupción y Participación Ciudadana; así como Estudios Legislativos segunda.

Por su parte, Francisco Javier Gallo Palmer, presidente de la AMIC, reconoció la disposición y apoyo del senador Robles para con los constructores.

El empresario detalló que el pasado 22 de febrero presentaron una solicitud para eliminar de la Ley de Obra Pública los servicios relacionados en las modalidades de contratación por invitación restringida, asignación directa y de ejecución de obra por administración, pues sus conceptos han promovido y permitido la gran corrupción en este sector.

“No podemos permitir que  sean olvidadas las Mipymes. El 97% de las empresas constructoras de este país, más de 40 mil en la República Mexicana, somos Mipymes, solamente el 0.3% representan a las grandes empresas de este país”, aseveró.

Ciudad de México, a 8 de junio de 2017.

Comunicado

El Partido del Trabajo lamenta profundamente la firma del Acuerdo Azucarero entre México y Estados Unidos, toda vez que sus términos dañan severamente a la industria nacional. Por ello, manifiesta su apoyo incondicional a todos empresarios del ramo.

Hacemos un llamado enérgico al gobierno mexicano para que promueva ajustes o, en su caso, la disolución del Acuerdo Azucarero y establezca nuevas bases que permitan el desarrollo de la industria nacional y una barrera de contención para la importación de productos dañinos para los mexicanos. 

Es decepcionante que, en un acto por congraciarse con la administración de Trump, el gobierno mexicano tome decisiones que van en contra de los intereses de un sector productivo tan importante como es el azucarero, ya que limita la exportación a 30 por ciento de azúcar refinada y 70 por ciento de cruda, cuando anteriormente la proporción era de 53 y 47 por ciento, medida que favorece al mercado del país vecino ya que activa a sus refinadoras y con ello su economía nacional.

Asimismo, obliga a México a producir azúcar de menor calidad, y a aún con ello, sus precios son menos competitivos en el mercado norteamericano. También se tiene otro problema: la importación de la fructuosa, que no sólo daña al sector azucarero sino a la economía nacional debido a que ese producto se introduce a un precio por debajo de lo que se cotiza en el mercado, desplazando al azúcar nacional.

Al respecto, alertamos que el daño a nuestro país trasciende el plano económico-comercial para reflejarse en la salud de los mexicanos, ya que la fructuosa es elaborada con maíz transgénico, por lo que exhortamos al gobierno mexicano a tomar las medidas pertinentes para limitar no sólo la entrada de ese producto a nuestro territorio sino implementar medidas de prevención entre la población.

En este contexto es que el PT vislumbra mayores restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos a México, en una relación trazada bajo la perspectiva de un gobierno norteamericano que quiere fortalecerse mediante políticas monopólicas, una visión nacionalista y proteccionista, mientras que su contraparte mexicana adopta la sumisión y la entrega de sus sectores productivos al mejor postor.

González Yáñez dijo que pedirá al Instituto Electoral la apertura de todos los paquetes electorales para que haya un conteo casilla por casilla de cara a los ciudadanos, debido a distintas irregularidades durante los conteos que han favorecido al candidato priísta.

Estado de México.- El ex candidato a la gubernatura del estado por el Partido del Trabajo (PT), Óscar González Yáñez, declaró en conferencia de prensa que exige la limpieza del proceso electoral. 

González Yáñez dijo que pedirá al Instituto Electoral la apertura de todos los paquetes electorales para que haya un conteo casilla por casilla de cara a los ciudadanos, debido a distintas irregularidades durante los conteos que han favorecido al candidato priísta.

«Es necesario abrir todos los paquetes, para que la elección deje tranquilidad y haya claridad en cuál fue la voluntad de los mexiquenses» dijo. 

Además declaró que su instituto político pedirá la remoción inmediata del Consejo General del IEEM, por no demostrar autonomía, imparcialidad y certeza para garantizar el respeto del voto.

«Este proceso electoral estuvo lleno de inconsistencias, la podríamos llamar una elección de estado, demandamos la limpieza del proceso electoral y la destitución del consejo electoral» dijo el exalcalde de Metepec.

Demandará al instituto por usar su nombre y porque no hubo respuesta por parte del IEEM respecto a la renuncia a su candidatura y causar confusión al electorado.

Quadratín

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