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Una vez que el Presidente de la República promulgó la Ley de Seguridad Interior a pesar de la oposición de la mayor parte de la sociedad, el Partido del Trabajo anuncia que impulsará a través de  su Grupo Parlamentario en el Senado de la República, una acción de inconstitucionalidad, por considerar que dicha norma es nociva y retrógrada, ya que en esencia pretende militarizar al país y coartar los derechos humanos de los mexicanos.

“Lo hemos venido advirtiendo: esta ley es lesiva, es un peligro para los mexicanos,  representa una regresión al autoritarismo, coloca a México en un Estado de Sitio permanente, por lo que promoveremos e impulsaremos acciones legales para echar abajo la Ley de Seguridad Interior, incluso no descartamos acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación e instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interponer una queja”, dijo Alberto Anaya Gutiérrez, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT.

Cabe señalar que los senadores del PRI, del Verde, Nueva Alianza y algunos del PAN, con su voto consumaron la aprobación de dicha ley y se negaron a escuchar las voces de millones de mexicanos, así como los llamados que hicieron algunas organizaciones internacionales, entre ellas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Amnistía Internacional (AI) para evitar la aprobación de dicho precepto.

Además, diversos colectivos ciudadanos e incluso Universidades como la Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara también se unieron al llamado para no aprobar ese ordenamiento jurídico y solicitando su discusión en un contexto más amplio que permita revisar la política de seguridad del Estado mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño tanto de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son las responsables de la seguridad pública, como de las fuerzas armadas, sin embargo, los representantes populares hicieron caso omiso.

El PT reprueba que en la legislación se establezcan restricciones de acceso a la información, situación que ya fue denunciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos  (CNDH) e incluso el Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sin tener eco en la conciencia de quienes avalaron la Ley.  

Este instituto político apela al Ejecutivo Federal para escuchar la voz del pueblo e impedir que se consume este agravio que vulnera los valores democráticos que los mexicanos han logrado establecer a través de la historia.

Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2017.

Luego de que el ex secretario de Hacienda durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua, Jaime Herrera Corral, reveló que desde la Secretaría de Hacienda federal se avaló hacer uso ilegal de 250 millones de pesos para las campañas del PRI en 2016, el Partido del Trabajo condena estos hechos y considera que de acuerdo a la ley, ello amerita el retiro del registro al PRI, además de fincar responsabilidades penales a los culpables.

El PT reprobó que se use el entramado institucional para realizar actos ilícitos en beneficio del partido en el poder, ya que si bien por el momento se ha dado a conocer que los ex gobernadores de Chihuahua,  Tamaulipas y Veracruz están involucrados en esos deplorables hechos, se debe realizar una exhaustiva investigación, pues seguramente habrá más gobiernos del tricolor involucrados.

Consideró que ello deteriora no sólo la confianza en las instituciones sino que pone en riesgo la democracia nacional al hacer uso de recursos públicos que están destinados a otros propósitos, generando un esquema de corrupción e inequidad en la víspera de las elecciones del 2018.

El Partido del Trabajo hace un enérgico llamado a poner alto a las simulaciones y obligar a los estados y funcionarios públicos a rendir cuentas claras sobre el uso de los recursos que reciben y castigar con todo el rigor de la ley a quienes incurran en ese tipo de operaciones.

Finalmente, exigió a las autoridades acabar con los pactos de impunidad que enriquecen a unos cuantos con el sacrificio de millones de mexicanos que aportan recursos a la Federación sin recibir los beneficios que les corresponden, por el contrario, son “asaltados” por la burocracia en el poder.

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2017.

En respuesta a la Ley de Seguridad Interior, organizaciones internacionales forman una nueva coalición para llamar la atención del mundo sobre la rampante impunidad en México

Washington DC / Nueva York / Stuttgart/ Ginebra, 18 de diciembre de 2017 – La aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se concretó esta semana en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos. En respuesta, una coalición de diez organizaciones internacionales, comprometidas con los derechos humanos y el Estado de derecho, hacen un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto para que ejerza su facultad de veto respecto de la ley, al tiempo que anuncian la integración de un Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato será observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

Lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces -incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la larga “guerra contra las drogas»- la Ley de Seguridad Interior consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad públicas reservadas para autoridades civiles. Durante los últimos diez años, esta estrategia de militarización ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a derechos humanos; casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad. Mientras tanto, los índices de violencia continúan escalando y, de hecho, 2017 se perfila ya como el año más letal de la historia de México. 

La Ley de Seguridad Interior constituye un marco legal de amplios alcances que posibilita el ejercicio de la acción militar en todo el territorio del país y contra todos sus ciudadanos. En ese sentido, la nueva ley es parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones urgentes. La creación del Observatorio Internacional -una coalición permanente de organizaciones internacionales de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica- servirá para monitorear la situación en México, llamar la atención de otras naciones sobre la regresión democrática que está en curso, y apoyar nuestros colegas de la sociedad civil mexicana frente a las crecientes ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. El Observatorio también continuará dialogando con las autoridades mexicanas para recordarles sus obligaciones derivadas del derecho internacional.

Los miembros fundadores del Observatorio incluyen a Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group (LAWG), la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI),  la Organización Mundial contra la Tortura (OMTC), Peace Brigades International (PBI)  y Robert F. Kennedy Human Rights; se espera que otras organizaciones internacionales se sumen a este esfuerzo. Mientras México se aleja de los valores democráticos, el mundo le está observando.

Fuente: https://www.cejil.org/es/respuesta-ley-seguridad-interior-organizaciones-internacionales-forman-una-nueva-coalicion-llamar

ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE PRONUNCIA CON RESPECTO A LA VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS, QUE CORRESPONDE AL PARTIDO DEL TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN XIX, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO, Y LO PREVISTO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LAS CANDIDATURAS A DIPUTADOS Y DIPUTADAS E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

ANTECEDENTES

l. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual fueron reformados, adicionados y derogados diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.

II. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobada por el H. Congreso de la Unión el 15 de mayo de 2014, la cual abroga el Código Federal de In stituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, así como sus reformas y adiciones.

III. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Partidos Políticos, aprobada por el H. Congreso de la Unión el 15 de mayo de 2014.

IV. El 30 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 613 por medio del cual se expide la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, abrogando la que se encontraba en vigor, misma que fue expedida mediante Decreto 578 por la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, y publicada el 30 de junio de 2011 en el Periódico Oficial del Estado.

V. El 07 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó mediante acuerdo número INE/CG661/2016 el Reglamento de Elecciones. VI. El 31 de mayo de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto número 0652, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en materia político electoral.

VII. El 31 de mayo de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto número 0653 por medio del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Electoral del Estado; Se reforma el artículo 14, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; y se Reforma y Adiciona la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí.

VIII. El 19 diecinueve de julio de 2017, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó los Lineamientos Generales para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en las candidaturas a diputados y diputadas e integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, de conformidad con lo previsto en el artículo 135, fracción XIX, párrafo segundo de la Ley Electoral del Estado.

IX. El 06 de septiembre el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en observancia a lo dispuesto en el numeral 5 de los Lineamientos Generales para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en las candidaturas a diputados y diputadas e integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, de conformidad con lo previsto en el artículo 135, fracción XIX, párrafo segundo de la Ley Electoral del Estado, emitió circular número CEEPC/PRE/SE/842/2017 al Partido del Trabajo – PT –, documento legal que fue notificado a él, el día 07 de septiembre de 2017 a las 12:34 tiaras, para efecto de que presentara ante este Organismo Electoral los criterios para garantizar la paridad entre los géneros en todas sus dimensiones en candidaturas a diputados y ayuntamientos, de conformidad con los lineamientos aquí citados. Fenecido el plazo no se obtuvo respuesta por parte del Partido del Trabajo. Por lo anterior y

CONS IDERANDO

PRIMERO. Que el artículo 98, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que los Organismos Públicos Locales Electorales, como lo es este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, la Ley en cita, las constituciones y leyes locales; serán profesionales en su desempeño; se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; y son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de referencia y las leyes locales correspondientes.

SEGUNDO. Que los artículos 31 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y 30 de la Ley Electoral de la propia entidad federativa, establecen que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es un organismo de carácter permanente, autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento; con personalidad jurídica y patrimonio propios; encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias de la materia electoral; de preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales; así como los procesos de consulta ciudadana; integrado conforme lo dispone la Ley respectiva.

TERCERO. Que el artículo 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 5, establece que queda prohibida toda discriminación motivada por el género o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; asimismo en el artículo 41 base 1, señala que los partidos políticos deberán garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

CUARTO. Que conforme a lo dispuesto en los artículos 3, párrafo 3; y 25, párrafo 1, inciso r); de la Ley General de Partidos Políticos; en relación con el numeral 232, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos están obligados a buscar la participación efectiva de ambos géneros en la postulación de candidatos, así como a promover y garantizar la paridad entre ellos en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular.

QUINTO. Que el artículo 3, numeral 4 de la Ley General de Partidos Políticos establece que cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladoras y legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.

SEXTO. Que el artículo 3, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, señala que en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.

SÉPTIMO. Que el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, señala que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, y hacer posible el acceso de sus candidatos, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo de los electores, al ejercicio del poder público, de acuerdo con lo programas, principios, ideas y postulados; así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, de conformidad con los procedimientos que establezcan sus estatutos para la postulación de candidatos. Los partidos políticos que participen en los procesos electorales locales para la integración del Congreso del Estado, deberán garantizar la paridad entre los géneros en la totalidad de sus candidaturas, por ambos principios, debiendo sus fórmulas estar compuestas por candidatos del mismo género. En los procesos electorales municipales que se rigen por el principio de mayoría relativa, los partidos políticos promoverán la postulación de una proporción paritaria de candidatos de ambos géneros. En el caso de las candidaturas a los Ayuntamientos postulados por cada partido político se regirá por el principio de paridad horizontal. Las planillas deberán integrarse por candidatos propietarios y suplentes del mismo género .Las listas de representación proporcional en cargos de elección municipal, se conformarán y asignarán bajo el principio de paridad de género en propietarios y suplentes.

OCTAVO. Que el artículo 135, fracción XIX de la Ley Electoral del Estado, establece que son obligaciones de los partidos políticos determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la paridad entre los géneros en todas sus dimensiones en candidaturas a diputados y ayuntamientos. Éstos deberán de ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.

NOVENO. Que el artículo 135, fracción XIX, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado, señala que en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sea asignado exclusivamente candidaturas a diputados y ayuntamientos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, a lo cual la autoridad electoral será la responsable del cumplimiento de este precepto.

DÉCIMO. Que el artículo 294 de la Ley Electoral del Estado, dispone que las listas de representación proporcional deberán cumplir con el principio de paridad de género señalado en la Constitución Federal, para lo cual se registraran de forma alternada, candidatos propietarios de género distinto. Las candidaturas suplentes serán del mismo género que el candidato propietario.

DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 5 de los Lineamientos Generales para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en las candidaturas a diputados y diputadas e integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, disponen que los partidos políticos en términos de lo establecido en los artículos 3, numeral 4 de la Ley de Partidos y 135, fracción XIX de la Ley Electoral, tienen la obligación de determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la paridad entre los géneros en todas sus dimensiones en candidaturas a diputados y diputadas e integrantes de ayuntamientos que postulen, los cuales además de ser publicados deberán entregarse al Consejo a más tardar al inicio del Proceso Electoral, observando lo establecido en estos Lineamientos a efecto de que este Organismo Electoral verifique lo conducente. Si los partidos políticos no presentan oportunamente sus criterios, se aplicarán supletoriamente los presentes Lineamientos-para sus postulaciones.

DÉCIMO SEGUNDO. Que el artículo 40 de la Ley Electoral del Estado, señala que el Pleno del Consejo es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, equidad y objetividad guíen todas las actividades del Consejo.

DÉCIMO TERCERO. Que el artículo 44, fracción 1, inciso a) de la Ley Electoral del Estado, señala que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de dictar las previsiones normativas y procedimentales necesarias, para hacer efectivas las disposiciones de la propia ley.

DÉCIMO CUARTO. Que una vez que este Organismo Electoral entró a la verificación de los Criterios requeridos al Partido Político del Trabajo – PT – y, teniendo conocimiento pleno de que dicho In stituto Político no atendió el requerimiento que mediante oficio número CEEPC/PRE/SE/842/2017, se le realizó para la presentación de dichos Criterios de Paridad de Género, se considera procedente que al Partido del Trabajo, se le apliquen para sus postulaciones en el Proceso Electo ral 2017-2018, de manera supletoria, los Lineamientos Generales para la Verificación del Cumplimiento al Principio de Paridad de Género en las Candidaturas a Diputados y Diputadas e Integrantes de los Ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, aprobados por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el 19 diecinueve del mes de julio de 2017. Lo anterior en observancia a lo dispuesto en el artículo 5, párrafo segundo de los referidos lineamientos:

» … Artículo 5. Los partidos políticos en términos de Jo establecido en los artículos 3, numeral 4 de la Ley de Partidos y 135, fracción XIX de la Ley Electoral, tienen la obligación de determinar y hacer públicos Jos criterios para garantizar la paridad entre los géneros en todas sus dimensiones en candidaturas a diputados y diputadas e integrantes de ayuntamientos que postulen, los cuales además de ser publicados deberán entregarse al Consejo a más tardar al inicio del Proceso Electoral, observando lo establecido en estos Lineamientos a efecto de que este Organismo Electoral verifique lo conducente.

Si los partidos políticos no presentan oportunamente sus criterios, se aplicarán supletoriamente los presentes Lineamientos para sus postulaciones … «

DÉCIMO QUINTO. Que en razón de los antecedentes y fundamentos antes descritos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, procede a emitir el siguiente:

ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE PRONUNCIA CON RESPECTO A LA VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS, QUE CORRESPONDE AL PARTIDO DEL TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN XIX, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO, Y LO PREVISTO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LAS CANDIDATURAS A DIPUTADOS Y DIPUTADAS E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

PRIMERO. En virtud de que el Partido del Trabajo no presentó en tiempo y forma los Criterios de Paridad de Género a que refiere el artículo 5 de los Lineamientos Generales para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en las candidaturas a diputados y diputadas e integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, de conformidad con lo previsto en el artículo 135, fracción XIX, párrafo segundo de la Ley Electoral del Estado; el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, determina PROCEDENTE aplicar supletoriamente para las postulaciones que realice dicho Instituto Político en el Proceso Electoral 2017-2018, los referidos Lineamientos Generales.

SEGUNDO. Se instruye al Partido del Trabajo a hacer públicos los Lineamientos Generales para la verificación del cumplimiento al Principio de Paridad de Género aplicados supletoriamente en el presente acuerdo, en un plazo no mayor de 30 treinta días contados a partir de la notificación del presente; y asimismo, se le requiere a efecto de que notifique a este Consejo Estatal Electoral el cumplimiento a dicha instrucción.

TERCERO. Los registros de candidatas y candidatos a diputados y ayuntamientos que efectúe en el Partido del Trabajo durante el Proceso Electoral 2017-2018, en su momento serán sometidos a la verificación del cumplimiento a lo establecido en los artículos 298 Bis., 293, 294 y 295 de la Ley Electoral del Estado, y lo previsto en los Lineamientos Generales para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en las candidaturas a diputados y diputadas e integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí.

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Partido del Trabajo, para los efectos legales conducentes.

Así lo aprobó el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, en Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 30 de octubre del 2017.

El Partido del Trabajo de México (PT) celebró con satisfacción el proceso electoral que tuvo lugar en la hermana República de Honduras, el domingo 26 de noviembre del presente año. En él, el hermano pueblo hondureño dio un claro ejemplo de voluntad democrática al salir a ejercer su derecho al voto en las urnas, hecho que debe ser en sí mismo aplaudido.

La soberanía de los pueblos para elegir a sus representantes es uno de los pilares fundamentales del ejercicio democrático pleno, muestra de las libertades alcanzadas que debemos preservar y proteger en todo momento en América Latina y el Caribe. Por esta razón, asistimos con gran preocupación a la extrema lentitud en el cómputo de los votos, en la presentación de los resultados de los comicios.

Las tendencias sobre la votación fueron favorables para el candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, quien aventajó al actual presidente Juan Orlando Hernández, su principal contendiente y que aspira a su reelección. Aunque la diferencia sea mínima, debe ser respetada. Por ello, nuestra mayor preocupación radica en que, con aval del Imperialismo norteamericano se haya legitimado un frade que distorsiona la voluntad democrática de la mayoría.

Después que Honduras comienza a superar los efectos negativos del golpe de estado que derrocó a Mel Zelaya y que la sociedad endereza sus pasos a una vertiente democrática, es muy dañino para Honduras y para la región que una maniobra cibernética – o de otro orden- haga uso ilegítimo de la legalidad institucional para violentar los deseos del pueblo hondureño.

A más de tres semanas de incertidumbre en los resultados, nos pronunciamos porque se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas y que la comunidad internacional impida que se concrete un nuevo golpe a las aspiraciones de la sociedad hondureña. Confiamos en que este ha sido un legítimo triunfo del esfuerzo del pueblo hondureño y deberá ser defendido a través de las formas pacíficas necesarias. Por tanto, exhortamos a las autoridades hondureñas responsables en la materia, a actuar con rectitud, transparencia y compromiso con la decisión popular, en la validación del resultado comicial.

Partido del Trabajo de México

Todo el poder al pueblo

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2017.

*  Da facultades a las fuerzas armadas para reprimir a la ciudadanía

* Pide al Presidente vetar la Ley

El Partido del Trabajo responsabiliza directamente a los diputados y senadores del PRI, PVEM, Nueva Alianza y algunos del PAN, de poner en riesgo la estabilidad del país tras aprobar la Ley de Seguridad Interior, ya que ésta otorga amplias facultades al Presidente de la República y a las Fuerzas Armadas para intervenir ante lo que ellos consideren una amenaza a la seguridad. Ello a pesar del rotundo rechazo a esta Ley por parte de de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Le están apostando a un control que raya en un régimen dictatorial en donde el gobierno hará uso ilegítimo de la fuerza para someter lo que ellos denominan ‘actos de resistencia’, lo que abre la puerta a cometer un sinfín de violaciones a los derechos humanos”, señaló el integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez.

Denunció que dicha Ley rompe con el pacto federal de respeto a la autonomía de los estados y da amplias atribuciones al Presidente de la República y a las Fuerzas Armadas para realizar  tareas que son de competencia de la policía civil, lo que hace a esa Ley anticonstitucional.

Lamentó que no se haya dado un verdadero debate en el Congreso de la Unión y que se consideraran las opiniones de especialistas en la materia, así como los pronunciamientos de organismos internacionales y de la propia ciudadanía que es la directamente afectada, “es inaudito que el Congreso, órgano que congrega a los representantes de los ciudadanos, cierre la puerta a la discusión nacional de un tema tan importante para todos los mexicanos”, declaró el líder petista.

Consideró que “es una situación preocupante y sumamente grave porque el gobierno pretende con ello volver a los años 60 y 70 en donde cualquier expresión opositora al régimen era aplastada con toda la fuerza del Estado a través de sus instituciones judiciales y civiles, de ahí que aprobar la Ley de Seguridad Interior es avalar un Estado represor y un ESTADO DE SITIO”.

El líder petista alertó que la paz y estabilidad social están en riesgo,  “hay en el ambiente una gran irritabilidad y contundente rechazo a la Ley y nada tiene que ver con filias o fobias políticas sino con el bienestar de los ciudadanos quienes ven amenazados sus derechos al libre tránsito, libertad de expresión y manifestación ante un gobierno que se ha empeñado en imponer su visión y sus intereses, ignorando la opinión de la ciudadanía.  El gobierno debería centrarse en reforzar a la policía civil en lugar de instaurar la militarización del país”.

Recordó que en América Latina  el uso de las fuerzas armadas en asuntos internos se ha asociado a prácticas abusivas contra los ciudadanos que han quedado en la impunidad, no porque la institución sea mala sino por el uso faccioso que hace de ella el gobierno en turno.

Finalmente, Anaya Gutiérrez exhortó al Presidente de la República para que haga uso de la facultad de veto, plasmada en el artículo 72 de la Carta Magna, ante esta Ley que es altamente lesiva para la sociedad mexicana.

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2017.

• Apuesta por la transformación de México con el apoyo de millones de mexicanos

Con la firma del Convenio de Coalición quedó formalmente conformada la Alianza “Juntos haremos historia” para las elecciones del 2018 conformada por el Partido del Trabajo (PT), Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y Partido Encuentro Social (PES), con su precandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. 

Con la asistencia de decenas de simpatizantes de los tres institutos políticos, López Obrador se congratuló de la decisión de ir juntos para el proceso electoral que habrá de culminar el 1o de julio próximo, seguro de que juntos lograrán la transformación que el país necesita.

Precisó que la suma de voluntades no es sólo de los tres partidos sino de millones de ciudadanos, ya que abajo, en las colonias, en las comunidades, está participando toda la gente y uniéndose “para enfrentar al bloque político que representa la mafia del poder y que se ha convertido en un instrumento de aquellos que se creen amos y señores de México, responsables de la tragedia nacional”.

Señaló que la elección del 2018 será una consulta a la ciudadanía para ver si quieren más de lo mismo o un cambio verdadero. Refirió que “estamos en tiempos históricos de definiciones, recordando que en México ha habido tres transformaciones: la Independencia, la Reforma y la Revolución, pero con la Alianza ‘Juntos haremos historia’ se busca lograr, entre todos, de manera pacífica, la cuarta transformación del país”.

López Obrador agradeció el apoyo del Partido del Trabajo y mencionó que desde que fue candidato a Jefe de Gobierno en el 2000 a la fecha lo ha acompañado y precisó que “se está demostrando quien es quien en la historia en estos momentos de definición”.

Por su parte, Alberto Anaya Gutiérrez, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo reconoció que esta alianza “no es un tema menor porque están en juego dos proyectos: uno que representa la continuidad y esta alianza que significa lograr la transformación de México, ante el hartazgo del pueblo mexicano por la inseguridad, carestía, políticas erráticas, corrupción y malos gobiernos que han postrado al país frente al exterior”.

Anaya Gutiérrez expresó estar convencido de que los mexicanos van a optar por el cambio, por la transformación, y por ello van a decidir apoyar a Andrés Manuel. Recordó que el PT siempre ha acompañado a López Obrador, ya que él representa la transformación que México necesita, “el PT participará en esta etapa histórica con Andrés Manuel López Obrador”.

En su oportunidad, Hugo Eric Flores Cervantes, dirigente nacional del Partido Encuentro Social, expresó que han asumido estar del lado correcto de la historia ante la necesidad urgente del cambio que demanda el país, “es momento de unirnos a un proyecto de transformación nacional”.

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2017.

• Sumaría cinco períodos dirigiendo el destino de uno de los organismos más grandes de trabajadores del país 

Como una burla para la clase trabajadora calificó el Partido del Trabajo la reelección de Carlos Romero Deschamps hasta 2024 al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con lo cual sumaría 30 años al frente de esta agrupación, a pesar de que se han documentado los excesos cometidos por el líder sindicalista y su familia,  al manejar de manera discrecional los recursos del erario público que se otorgan al sindicato, mientras que, por otro lado, se reducen los beneficios a los trabajadores, es decir, Romero Deschamps encarna la figura de la corrupción e impunidad en su más clara expresión.

El Partido del Trabajo considera que los directivos de Pemex y las autoridades del sindicato petrolero no han sabido defender los intereses de la población al impulsar y votar a favor la reforma energética, es decir la privatización de Pemex y, como se esperaba, ello ha originado el incremento del gas, la gasolina y sus derivados, poniendo fin a los beneficios logrados con la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas.

Para el PT la justicia es parcial, mientras que a los CENDIS de Nuevo León se les acusa de un supuesto desvío de 100 millones de pesos, el sindicato petrolero no le rinde cuentas a nadie e incluso su dirigente exhibe una vida de dispendios y excesos a costa del erario público, sin que pase nada.

“Cabe destacar que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana recibe al mes 16 millones de pesos. Recordemos que de acuerdo a diversas investigaciones, el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps fue acusado de desviar cerca de 500 millones de pesos en el año 2000, en el denominado Pemexgate”. 

Asimismo, también se reveló a través de diversos medios de comunicación en el 2008 que el actual Senador de la República posee un yate en Cancún cuyo valor es de 3 millones de dólares y dos departamentos de lujo en Miami, cuyo costo es de 4 millones de dólares cada uno; de igual manera se ha acusado a los hijos de Romero Deschamps de tener una vida lujosa que no corresponde con sus ingresos, lo que constituye un agravio no sólo a los trabajadores de Pemex sino al pueblo de México. 

Finalmente, el PT demanda se realice una investigación en torno a Carlos Romero Deschamps y sus cómplices dentro del sistema, por enriquecimiento ilícito a expensas de los trabajadores y del erario público, y por tanto, se sancione conforme a la ley.

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2017.

Sin duda, ha quedado en evidencia que los programas de apoyo al combate de la pobreza han fracasado, por ello es que el Partido del Trabajo advierte que al finalizar la presente administración del gobierno federal, será mayor el número de personas pobres, de acuerdo a las cifras dadas a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  (Coneval),  puesto que 1,840 municipios de los 2 mil 447 que existen,  registraron hasta 2015 porcentajes alarmantes de entre 50 y 99% de la población que no cuenta con recursos para cubrir sus gastos diarios de alimentación.

Alberto Anaya Gutiérrez, integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, calificó como preocupante que el municipio oaxaqueño de Santos Reyes Yucuná, se ubique como el más pobre del país, ya que 99.9% de sus habitantes se encuentran en esa condición.

Además, 97.4% de sus habitantes viven en el umbral de pobreza extrema, es decir tienen más de tres carencias sociales y no disponen de ingresos para comprar la canasta básica alimentaria.

Al respecto criticó la actuación de las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ya que aún no se aclara el desvío de 1,787 millones de pesos realizado en 2015, además que el cambio de titulares de dicha dependencia ha impedido que se puedan concretar verdaderos esquemas de combate a la pobreza, lo cual sería una realidad si la izquierda fuera gobierno.

En este sentido, el líder petista consideró que no es con paliativos como se combatirá este flagelo sino con programas integrales de fomento al empleo, combate a la corrupción y supresión de los privilegios de funcionarios federales y estatales, como se podrá hacer frente a un tema tan preocupante y delicado en el país.

Señaló  que de acuerdo al informe del Coneval dado a conocer esta semana, existen 190 ayuntamientos, en donde más de 95% de sus pobladores se encuentra en situación de miseria; en tanto que en Oaxaca, Chiapas y Guerrero se localizan los municipios con mayor porcentaje de personas en pobreza, entre 75 y 99% de sus habitantes.

“No es posible que tengamos, por un lado, servidores públicos con aguinaldos y gratificaciones de fin de año verdaderamente insultantes, y por el otro, comunidades enteras en una situación tan vulnerable, en donde la mayoría de sus habitantes luchan por sobrevivir, no les alcanza para vivir dignamente. Nuestro compromiso como la verdadera izquierda de México es cerrar la brecha de desigualdad que han propiciado los malos gobiernos, lo cual estoy seguro que podremos lograr con el apoyo de la ciudadanía”, dijo.

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2017.

Luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportara el incremento de las ganancias de los bancos que operan en México en 22.3% más en relación al año pasado, el Partido del Trabajo considera indignante que ello lo logren, en gran parte, por las altas comisiones, intereses y mayores tasas que cobran a los usuarios por los diversos servicios que ofrecen sin que haya de por medio autoridad que regule su actuación y defienda los intereses de los mexicanos.

Sin duda, el gobierno ha sido omiso ante las prácticas usureras de los bancos, quienes aprovechan la permisividad de las autoridades para establecerse en nuestro país, el cual es visto como un “paraíso” para todo aquel que quiera hacer negocios con mínimo o nulo riesgo y  la obtención de jugosas ganancias a costa de los bolsillos de los usuarios de la banca. 

No sólo existen condiciones idóneas para la generación de utilidades de la banca generadas por el propio gobierno en perjuicio de los ciudadanos sino que las autoridades mexicanas no generan políticas que frenen los intereses voraces de los banqueros y tampoco propician que éstos inviertan  u otorguen créditos para reactivar la economía inyectando recursos a sectores vitales para el desarrollo del país.

Es conveniente apuntar que mientras las ganancias de los bancos se incrementan y salen del país, nuestra economía apenas logró un crecimiento de 2.2%, es decir, tan sólo 10% respecto a las utilidades de los bancos en este 2017, lo cual denota que la política económica de México es errática y no hay voluntad del gobierno para rectificar.

Por tanto, el Partido del Trabajo se pronuncia por frenar el abuso de las instituciones bancarias contra los usuarios y pugna para que el Congreso de la Unión replantee una Reforma Financiera que regule ese sector y dote de más herramientas a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2017.