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* Lamenta la tragedia ocurrida en el mercado de pirotecnia San Pablito

* Se solidariza con los deudos de los fallecidos, heridos y desaparecidos

Tras los lamentables hechos ocurridos en Tultepec, municipio del Estado de México, ayer por la tarde, el Coordinador Nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, hace un enérgico y urgente llamado a las autoridades estatales y federales para que presenten y ejecuten un Plan de Protección Civil eficiente y seguro que evite este tipo de tragedias.

No es la primera vez que se registra un siniestro con estas características, el ocurrido en el mercado de pirotecnia San Pablito, que hasta el momento ha generado un saldo de 32 muertos y más de 70 heridos, no puede repetirse.

Precisó Anaya Gutiérrez que desgraciadamente, sobretodo en el Estado de México, y otras entidades en donde se permite la venta de juegos pirotécnicos y pólvora, se han registrado tragedias como la de Tultepec, lo que no puede continuar sucediendo, por lo que es urgente tomar todas la medidas necesaria de seguridad para evitar poner en riesgo la vida de la gente que acude a comprar y de los que se dedican a ese negocio.

Cabe recordar que el pasado 14 de diciembre estalló un almacén clandestino en el estado de Hidalgo, donde resultó una persona muerta y tres heridos, lo que es una muestra más de la urgente necesidad de regular la producción y el comercio de la pirotecnia, lo cual corresponde tanto a los gobiernos locales como a la Secretaría de la Defensa Nacional, quien otorga los permisos para fabricar estos materiales.

Finalmente, el dirigente petista manifestó su solidaridad con los deudos de los fallecidos, heridos y desaparecidos ante los dolorosos acontecimientos y anunció que a través de los diputados del PT en el Estado de México, se presentará una iniciativa para la regulación de este tipo de comercios.

El Partido del Trabajo de México (PT denuncia que: El acto de violencia de la policía argentina contra la compañera Delcy Rodríguez, canciller de la hermana República Bolivariana de Venezuela, constituye una violación a las convenciones diplomáticas, los tratados internacionales y las más elementales normas de convivencia y respeto entre los gobiernos.

Constituye un acto cobarde contra ella misma y no oculta su contenido político que es atentar contra el derecho del pueblo venezolano a ser parte de los organismos de integración regional. La decisión de una dudosa mayoría del Mercosur, de suspender temporalmente a Venezuela, pretende despojarla de ese legítimo derecho y atenta contra un principio largamente defendido, como es la integración de América Latina.

Consideramos que defender la integración, amenazada por estas maniobras divisorias, es defender el derecho de los pueblos de América Latina al desarrollo conjunto y al bienestar compartido en un esfuerzo común latinoamericanista.

Detrás de la agresión a la compañera Delcy, se asoma claramente la mano del imperialismo y sus representantes, que recurren a métodos violentos y antidemocráticos para crear la división y abrir nuevamente espacio al modelo neoliberal.

La agresión en el marco del Mercosur, es parte de la ofensiva contra la Patria de Hugo Chávez. Por esta razón condenamos enérgicamente la agresión a la compañera Delcy Rodríguez y rechazamos que se promueva la violencia como método para dividir a nuestros países y nuestros pueblos.

Agredir al pueblo venezolano es agredir a todos los pueblos y a los movimientos progresistas del Continente. Agredir a una mujer por defender los derechos de la revolución bolivariana es agredir a todas las mujeres latinoamericanas y caribeñas.

Expresamos nuestra solidaridad con Venezuela y su canciller, condenamos estos métodos y sus objetivos, contrarios a los intereses de la inmensa mayoría de los latinoamericanos y hacemos un llamado a mantener la unidad del Continente contra la agresión imperialista. Ciudad de México a 17 de diciembre de 2016.

* Busca fortalecer el derecho a la información.

Impulsor de acciones en materia de transparencia y de combate a la corrupción, el senador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya propuso una reforma para sancionar a los sujetos obligados que “dolosamente” entreguen información falsa.

La iniciativa que presentó al Pleno adiciona los artículos 143 y 206 a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. “Es claro que una buena ley no es suficiente por sí sola para acabar con los problemas de opacidad en nuestro país. Uno de nuestros grandes retos que tenemos por delante, es poner fin a la arraigada concepción patrimonialista de los servidores públicos sobre los asuntos públicos”.

Y añadió: la presente iniciativa tiene como propósito que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevea como causal de procedencia del recurso de revisión la entrega de información falsa, y que cuando tal conducta sea cometida de manera dolosa sea motivo de sanción por incumplimiento de obligaciones de transparencia.

El también Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca aclaró que con esta propuesta no se sancionará la entrega de información falsa cuando a través del recurso de revisión se acredite que el servidor público desconocía el hecho y haya obrado de buena fue al entregarla.

Por ello exhortó a los senadores y senadoras de las diferentes fuerzas políticas a respaldar esta iniciativa que tiene por objeto fortalecer el derecho de las y de los ciudadanos en el acceso a la información.

En Tribuna, al exponer sus motivos, Benjamín Robles recordó que en octubre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue reconocida en el primer lugar de la Clasificación Global de Derecho a la Información, lo que significa un gran avance en la consolidación de la transparencia en el ejercicio de la función pública del país.

Sin embargo, argumentó que una buena ley no es suficiente por sí sola para acabar con los problemas de opacidad que impera en México.

“Uno de nuestros grandes retos que tenemos por delante, es poner fin a la arraigada concepción patrimonialista de los servidores públicos sobre los asuntos públicos”, enfatizó. Cabe destacar que en los últimos años el senador ha promovido en su natal estado de Oaxaca la cultura de la transparencia y acceso a la información pública, respaldado por reconocidos académicos como el doctor Ernesto Villanueva Villanueva.

Actualmente, junto con ciudadanos y ciudadanas oaxaqueñas, ha conformado un Consejo contra la Corrupción y la Impunidad con el firme propósito de que se investiguen a los funcionarios corruptos y en un futuro paguen con la cárcel.

* Sindicato de Telebachillerato se reunió con poder legislativo para exponer realidad en planteles.

Michoacán, 16 de diciembre de 2016.- El Dirigente Estatal del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, expresó que es importante atender a todos los sectores que tienen en sus manos la formación de la población y si tienen necesidades “hay que resolverles, se trata de la educación de nuestros mexicanos, eso es garantía de que vendrán mejores generaciones dispuestas a levantar al estado”.

Lo anterior, luego de que integrantes del Sindicato de Trabajadores de Telebachillerato con legisladores, integrantes de las comisiones de Educación y Programación y Presupuesto, por gestión de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, en el Congreso del Estado de Michoacán.

Cabe recordar, que durante esa reunión, el Comité de Sindicalizados encabezado por Armando Simón Herrejón, Secretario General, –acompañados por estudiantes, exalumnos y padres de familia del sistema Telebachillerato- expresó la necesidad de que sean etiquetados mayores recursos para dignificar la infraestructura de los centros de trabajo, “porque realmente, en algunos casos, estamos dando clases al lado del borde de un río, o debajo de un árbol, porque no tenemos un lugar apropiado y digno para impartir nuestras materias”.

En ese tenor, Simón Herrejón, reiteró que es lamentable que el recurso que se etiquetara de 10 millones de pesos, para este subsistema, haya desaparecido y que en este momento se vean las consecuencias de ese boquete financiero que dejó desprotegidos principalmente a los cientos de alumnos que acuden a estos centros educativos para culminar su educación media. Se supo entonces, que las comisiones legislativas de Educación y Programación de Presupuesto, pondrían énfasis en lo solicitado por los compañeros de Telebachillerato, que expresaron estar realizando esta tarea de gestión, “porque estamos tocando todas las puertas, porque nuestros jóvenes merecen todo nuestro esfuerzo”.

Finalmente, el líder estatal petista, dijo que no tomar en cuenta las necesidades educativas en el estado, es condenar a las generaciones de jóvenes deseosas de continuar sus estudios, a buscar otras formas de manutención, aunque esta sea integrándose a las filas del crimen organizado. “Estamos hablando de mujeres y hombres que si están en los diferentes planteles, es porque están demostrando tener toda la intención de convertirse en grandes profesionistas, ¿por qué habría que quitarles esa intención?. Es importante que los poderes ejecutivo y legislativo revisen a profundidad que estos subsistemas continúen esta labor tan importante, como es llevar formación educativa a lugares donde no lo hace cualquiera”

El General Cienfuegos, Secretario de Defensa, en conferencia de prensa, declaró: “quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales, nosotros no pedimos estar ahí”, “no nos sentimos a gusto”; “no estudiamos para perseguir delincuentes”? “nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando”; “a 10 años de… la lucha contra el crimen… el Congreso no ha otorgado marco jurídico… que las respalde… la falta de una ley de seguridad interior ha generado inquietud entre los militares”; “los soldados ya están pensando si le entran… con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos, o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer, pues les sale más barato”; “los delincuentes salen por este sistema garantista… falta de debido proceso… los sueltan y todos creen que esa es la puerta de salida de la prisión”; “el sistema penal acusatorio no está funcionando”; “la seguridad interior… es responsabilidad… de Gobernación”; “se les paga a las fuerzas de policía para que hagan su tarea y no lo hacen”; “se determinó que las policías se reconstruyeran, no lo vemos”. Peña Nieto lo avala: “…ante lo expresado por el señor General… más allá del contexto o de la descontextualización, coincido plenamente… nuestras fuerzas armadas… han asumido una tarea que en estricto sentido no les corresponde”, “están, además, decididos a seguir haciéndolo… en tanto logramos el objetivo de esta asignatura aún pendiente, el poder apoyar las labores de las instituciones de procuración y de la policía preventiva de nuestro país”.

Cienfuegos reconoce que no estudiaron para perseguir delincuentes, desnaturalizando su profesión, no están a gusto. Propina severa crítica a la política institucional y de seguridad de su Jefe Supremo –que incluye a Calderón; impensable, de no ser claro que es un montaje para ejercer una ilegitima presión a la sociedad y al Congreso. Las organizaciones internaciones –ONU, OEA- han denunciado una década de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, recomendando su regreso a los cuarteles. Es obvio que después de diez años del control del Ejército sobre la seguridad pública del país, no sólo no se ha solucionado el problema, lo ha recrudecido; la entrada del Ejército generó la tragedia humana que vivimos. Cienfuegos tiene razón: hacen una tarea que no les corresponde, inconstitucional, en demerito de las fuerzas armadas; la maquinaria militar es contraria al servicio democrático de policía. El Ejército debe regresar a sus cuarteles.

Recordemos el origen de esa utilización del Ejército por Calderón en la “guerra contra las drogas”. Fue demanda de Estados Unidos, institucionalizada en el “Plan Mérida”, eufemismo, del “Plan Colombia”, responsabilizándonos de detener, a nuestra costa, el trasiego de drogas a los Estados Unidos, transformado en una auténtica militarización del país, en la anulación de las fuerzas de seguridad civiles federales, estatales y municipales, militares “jefaturan” las policías del país. El Gobierno utiliza sin límite al Ejército para ocupar ilegalmente estados enteros, suspendiendo prácticamente garantías, imponiéndose a gobiernos estatales y municipales para enfrenar movimientos sociales y procesos de descomposición política. No debe permitirse legalizar la militarización en contra del Estado civil y los derechos humanos. Peña está obligado a cumplir con su responsabilidad, tiene legiones de policías federales, gendarmería en la que ha invertido miles de millones, quienes tienen que hacer la tarea. No a un gobierno policiaco-militar en México. Ni Peña ni el Congreso tienen las facultades para hacerlo, violarían la esencia de la Constitución… sería un Golpe de Estado.

MANUEL BARTLETT DÍAZ

* Demanda PT al gobierno del Estado de México investigue las agresiones contra la senadora Ana Guevara

* Acusa violencia de género

El Partido del Trabajo reitera su condena a la brutal y cobarde agresión que sufrió la Senadora y deportista olímpica Ana Gabriela Guevara Espinoza, y exige al gobierno del Estado de México lleve a cabo las investigaciones de manera urgente para que encuentre a los responsables y se aplique todo el rigor de la ley.

Asimismo, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, demandó la intervención del gobierno federal en este caso, ya que por el contexto es un acto de violencia de género, en el cual se puso en riesgo la integridad de la Senadora petista.

De acuerdo con los hechos narrados por Guevara Espinoza, se presume que los atacantes incurrieron en un acto de odio hacia ella por su condición de mujer, lo cual es sumamente reprobable, máxime que la sociedad mexicana ha luchado por la equidad de género y un país igualitario.

El PT, como en ocasiones anteriores, se pronuncia nuevamente contra todo tipo de violencia y en particular por la violencia ejercida en contra de una mujer en plena vía pública y con total impunidad. “Es preocupante y muy alarmante el incremento de la violencia contra las mujeres en nuestro país, es claro que tenemos que hacer algo para frenar este flagelo que azota a la sociedad”, señaló Anaya Gutiérrez.

Añadió que “es necesario reformar leyes para prevenir el abuso y castigar de manera ejemplar a quienes incurran en este delito, debemos hacer todo lo necesario para erradicar la violencia en contra de todas las mujeres”.

Reiteró que el Partido del Trabajo no dejará sola a la Senadora y realizará todas las acciones pertinentes para que este delito no quede impune y pugnará para detener la creciente ola de violencia de género en México.

El Coordinador Nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, entregó un reconocimiento a Manuel Sthefen García, primer diputado federal socialista, en el marco del Congreso estatal de este instituto politico en Nayarit.

En este tenor, Alfredo Porras Domínguez, Comisionado Electoral del PT en Nayarit, enfatizó sobre la importancia que el Partido del Trabajo reconozca la trayectoria de sus hombres y mujeres que se distinguen por su labor partidista y en la política de cada entidad.

Señaló que Alberto Anaya expresó su reconocimiento en nombre del petismo nayarita por la importante trayectoria de Manuel Sthefen, quien se ha distinguido por su gran lucha social.

Asimismo, Porras Domínguez se congratuló del apoyo recibido por su dirigente nacional, ya que en reiteradas ocasiones ha visitado la entidad para atender las demandas del petismo en Nayarit, «su presencia fortalece nuestro trabajo y hace mucho más fácil el trabajo ya que está muy de cerca, pendiente del proceso que en 2017 celebrará Nayarit».

La dirigencia nacional del Partido del Trabajo condena las agresiones de las que fue víctima la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza durante su trayecto en motocicleta del Estado de México a la Ciudad capital del país, a la altura del Parque Nacional La Marquesa.

El PT exige a las autoridades el esclarecimiento de estos hechos tan lamentables y que se deslinden responsailidades.

Como siempre lo ha expresado, este instituto político rechaza de manera contundente cualquier expresión de violencia, aún más en este caso ya que la Senadora lo único que hacía era trasladarse por la carretera México-Toluca. Desconocemos el móvil de estos lamentables y repudiables hechos que ya son una constante en la vida de los ciudadanos.

El partido reitera la urgente demanda de investigar el percance ocurrido en contra de la legisladora, reconocida por su destacada trayectoria deportiva y trabajo en el Senado de la República.

El Partido del Trabajo dará seguimiento al caso y exigirá a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva para el esclarecimiento de los hechos.

Alberto Anaya Gutiérrez Coordinador Nacional del PT

* Demanda establecer mecanismos efectivos de control

La dirigencia nacional del Partido del Trabajo demanda que se investigue a fondo y se deslinden responsabilidades sobre el desvío de los 8 mil 817.5 millones de pesos por concepto de Seguro Popular.

El PT considera indignante que los recursos destinados a proveer de servicios de salud a la población que carece de un seguro de gastos médicos, sea utilizado con fines personales, tal como se ha documentado en los casos de los ex gobernadores de Michoacán, Fausto Vallejo; Javier Duarte, Veracruz; Ángel Aguirre, Guerrero.

La corrupción e impunidad que priva en las administraciones locales se ha convertido en una práctica consuetudinaria, los servidores públicos han perdido sensibilidad social y ética al hacer uso discrecional de recursos que son de los ciudadanos.

Por ello, el Partido del Trabajo pugna por establecer mecanismos efectivos de control y transparencia de los recursos etiquetados para el Seguro Popular, ya que desviarlos constituye un robo a la población y por tanto un delito que debe perseguirse hasta castigar a los culpables.

De lo anterior se desprende la importancia de fijar nuevos lineamientos sobre la Aportación Solidaria Estatal (ASE), toda vez que los recursos fueron transferidos en tiempo y forma por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) a las entidades, siendo que de acuerdo a reportes del propio organismo se presume que de los 30 mil millones del Seguro Popular, sólo 5 por ciento se ha empleado correctamente.

Es necesario garantizar que la inversión que hagan los gobiernos locales con recursos del Seguro Popular sea tangible y comprobable, ya que actualmente sólo estaban obligados a reportar, sin documentos que lo avalen, lo que genera un clima propicio para la corrupción y con ello la desprotección del ciudadano que no tiene acceso a servicios de salud privados o de instituciones del Estados como el IMSS e ISSSTE, es decir, se pone en riesgo la salud de miles de mexicanos al carecer de infraestructura adecuada para su atención, personal, medicinas y materiales de curación, por las acciones voraces de unos cuantos que se aprovechan del poder.

Asimismo, demandamos a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de Hacienda actuar con prontitud, toda vez que esta información es dada a conocer una vez que los involucrados ya concluyeron sus funciones públicas, lo cual abona a la red impunidad que se ha tejido en las administraciones locales.

El Partido del Trabajo se pronuncia por terminar con la simulación, modificar el marco legal para evitar cualquier resquicio para la malversación de recursos e impunidad de quienes cometan ese delito, hacer que los recursos recaudados con los impuestos de los ciudadanos se manejen con transparencia y se inviertan en sus necesidades más apremiantes.